Gobierno de El Salvador
Ministerio de Trabajo y Previsión Social

COMUNICADO OFICIAL.

San Salvador, jueves 10 de enero de 2019

LA COMISIÓN CONVOCANTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, dando cumplimiento al inciso tercero del Art. 66-A del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Publica: hace del conocimiento al sector Sindical y a la ciudadanía en general la recepción de solicitudes de impugnación presentadas por parte del señor Mario Cesar Morales Morales, conforme al Art. 66-A del RLAIP, para las siguientes candidaturas como propietarios ante el Instituto de Acceso a la Información Pública: propuesta del Sindicato de Empresa Trabajadores de ANDA, (SETA), LIC. GILBERTO CANJURA VELÁSQUEZ, y propuesta del Sindicato Gremial de Trabajadores del Vestido (SGTV), LICDA. JAYME JANNICE DARLEN MAGAÑA CENTENO.

 

En el caso del Lic. Gilberto Canjura Velásquez, el señor Mario Cesar Morales Morales alegó impedimento para optar al cargo relacionado, argumentando la afiliación partidaria formal y material, aspecto que contraviene Art. 85 de la Constitución de la Republica, anexando como prueba una copia de publicación de la Prensa Gráfica del veintisiete de diciembre del año dos mil dieciocho, y una imagen extraída del estudio de FUSADES denominado “cuarto año de Gobierno del Presidente Funes apreciación general.

Por lo que el Lic. Gilberto Canjura Velásquez presento sus alegatos y prueba de descargo siguientes: Que el escrito presentado por el señor Morales Morales carece de fundamento fáctico y jurídico, puesto que en su petición no le asisten razones de hecho ni de derecho. Que en el marco de la legislación correspondiente, ha cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 54 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y en el Art. 65 del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP), y que no obstante de haber cumplido con la presentación  de todos los documentos requeridos en la legislación correspondiente, el peticionario fundamenta que, es por contravenir lo dispuesto en el Art. 85 de la Constitución de la Republica; sin embargo tal disposición constitucional se refiere a la forma de gobierno y sistema político que no tiene relación alguna con el impedimento que alega. Además de no citar ninguna disposición de la LAIP o del RLAIP que fundamente el “impedimento legal que supuestamente alega”.

Por otro lado, el licenciado Canjura Velásquez manifiesta que “no es el primer proceso de elección de funcionarios en el que participa; y que precisamente la calidad señalada de “ex militancia” se refiere a la inactividad o rompimiento de un vínculo formal con un partido político, como lo señala la nota periodística que fue presentada como prueba, “QUE VALIO MAS LA CONSTANCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) QUE EL PRESENTO Y QUE HACIA CONSTAR QUE NO ESTABA AFILIADO”.

 

Que cuando presento su postulación para ser magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, resolvió en acta extraordinaria 13/2018. 08/05/2018 punto 2, que “[…] aunque (el peticionante) se base en información que pone a disposición de este consejo, omite justificar la relevancia probatoria de una supuesta fuente de prueba sobre un hecho de hace catorce años, en relación con la documentación presentada por dicho candidato en su expediente, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en la cual se afirma la inexistencia del vínculo formal partidario citado […](es propio). Como consecuencia de lo anterior, el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura acordó declarar improcedente la impugnación que en su momento fue alegada contra su candidatura. Que existen criterios jurídicos emanados del Consejo Nacional de la Judicatura, en lo que se ha establecido la inexistencia de vinculación formal de su postulación para optar a una elección de segundo grado, siendo dicha elección más rigurosa frente a la elección de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); es así que precisamente logro participar en el proceso de selección de Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

 

Que dentro de los documentos presentados para su postulación como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), presento en original la constancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante la cual se expresa que no se encuentra afiliado a ningún partido político siendo el TSE, la máxima autoridad para emitir dicho documento oficial conforme al Art. 208 de la Constitución de la Republica, el cual presenta nuevamente debidamente certificado ante notario. Alegando que no es posible contraponer un documento autentico de carácter oficial emanado de la máxima autoridad electoral, con un documento privado como una nota periodística, careciendo esta ultima  de valor probatorio, es decir, la constancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), si tiene valor probatorio y desvincula cualquier documento privado  como una nota periodística. Además, que el peticionario de la impugnación no presenta ningún tipo de prueba para demostrar la vinculación material como motivo del impedimento que alega. En tal sentido manifiesta que frente a los mismos argumentos facticos y ante los criterios jurídicos antes referidos o conforme al principio Stare decisis (es decir, sentencias dictadas por un tribunal crean precedente judicial y vinculan como jurisprudencia a aquellas que, sobre el mismo objeto, se dicten en el futuro), se debe mantener el precedente para este caso.

 

Que el Art. 72 ordinal 3° de la Constitución de la Republica, establece como derechos políticos de todo ciudadano, el derecho para optar a cargos públicos, por lo que como ciudadano le asiste el derecho constitucional de participar en una elección para ser Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), habiendo además cumplido con los requisitos constitucionales y legales establecidos y cualquier vulneración a su derecho para optar a cargos públicos podría dar lugar a presentar un amparo.

 

Asimismo en el caso de la LICDA. JAYME JANNICE DARLEN MAGAÑA CENTENO, el señor Morales Morales presenta Solicitud de impugnación en su contra con base al Art. 66-A del Reglamento de la Ley de Acceso de la Información Pública, alegando el impedimento legal para optar al cargo relacionado de conformidad con el Art. 54 Lit. a), de la Ley de Acceso a la Información Pública, anexando como prueba  copia simple de Resolución Definitiva del Instituto de Acceso a la Información Pública de las diez horas con treinta y ocho minutos del día once de diciembre de dos mil quince con referencia NUE 119-A-2015 (MV).

Siendo los alegatos de descargo presentados por la Licda. Magaña Centeno los siguientes: que es necesario aclarar que la Ley de Acceso a la Información Publica establece cuales son los requisitos para poder ser candidatos a comisionados del IAIP, estos requisitos son taxativos, en correspondencia al Art. 54 literal a)

 

Que el solicitante de su impugnación enuncia que no ha desempeñado destacadamente el servicio que brinda como Oficial de Información,  porque en el año 2015 se le impuso por el IAIP una multa de $251.70 USD por la entrega tardía de siete horas de la información solicitada, y que eso es prueba más que manifiesta que su persona no ha desempeñado destacadamente su cargo;

 Realiza una síntesis de la resolución enunciada por el Lic. Morales Morales, en la que reza que “la tardanza no implico intencionalidad en el hecho cometido, sino más bien un retraso por circunstancias ajenas  a la suscrita ya que se le dio una respuesta al siguiente día hábil, y que la tardanza de un día no hizo daño alguno a la denunciante, ya que tal como ella lo expreso en la audiencia  del 24 de junio de 2015. “ella requería la información para saber cuántas personas despedidas y cuantas habían sido contratadas, en CEPA así como el perfil de las y los funcionarios que se habían contratado y bajo cuales parámetros habían sido evaluados ya que es un derecho de la población saber qué tipo de funcionarios tiene”  lo cual se satisfizo al entregar la información a la denunciante a través del IAIP el día 2 de julio del mismo año.

De igual manera, debe comprender tanto la denunciante como el Instituto, que la información no es generada por las o los oficiales de información sino que por las unidades generadoras quienes son en primer instancia las responsables de entregarles  lo  solicitado por las y los usuarios tal como lo manda el Art. 70 LAIP, por tanto solicita a esta institución realice una resolución en la cual mandate que las directrices establecidas en la LIAP deben ser cumplidas por las instituciones obligadas .

 

Que dicha resolución además consideró que de la lectura del Art. 50 de la LAIP se deduce que las funciones realizadas por el oficial de información son las propias de un personal de naturaleza técnica; el cual debe servir como enlace entre los particulares y los entes obligados. Siendo así que debe actuar con total independencia en el ejerció de su cargo a fin de satisfacer el DAIP de todas las personas y no los intereses de los titulares de los entes obligados. Que este pequeño párrafo de esa resolución a permitido que desde el año 2015 los Oficiales de Información puedan hacer su trabajo con imparcialidad pero también que como su persona, otros también no hayan podido sindicalizar y luchar por transparentar la función pública.

 

Manifiesta que llena los requisitos del Art. 54 literal a, que comprueba con los diplomas y reconocimientos obtenidos durante sus años de estudios universitarios y como Oficial Información de CEPA, que ha sido ampliamente reconocida por el papel que ha desempeñado como Oficial de Información tanto como por organismos nacionales como internacionales y siendo que el tener una multa de un salario mínimo impuesta no refleje su trabajo y su contribución a la transparencia de este país. Que su persona ha sido Oficial de información de CEPA desde el 1 de septiembre del año 2014 a la fecha y que desde entonces su trayectoria y su trabajo han sido expuestos de forma pública a través de los medios de comunicación, siendo los últimos meses ya invitada como parte de foros de expertos en temas de transparencia a lado de comisionado del IAIP y del Secretario de Transparencia.

 

Manifiesta Que ha cumplido con el Art. 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública, “garantizar el Derecho de Acceso de toda Persona a la Información Pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”, y que esto lo comprueba con la única medida cautelar dictada por el IAIP a un Oficial de información en la cual solicito se garantice la confidencialidad de los datos de los usuarios de la OIR de CEPA ya que como fue de conocimiento público esta información estaba queriendo caer en franca violación al derecho de confidencialidad de los solicitantes cuando el Gerente General de la Institución ordeno que se entregaran las solicitudes que llegaban a la Unidad para saber quiénes solicitaban información; el IAIP declaro a lugar la medida cautelar y ordeno: decretar a lugar la medida cautelar solicitada por la Oficial de Información de CEPA que consiste en ordenar a la Junta Directiva dicho ente, integrada por Nelson Edgardo Vanegas Rodríguez, Nelson Napoleón García Rodríguez, José Francisco Lazo Marín, Roberto de Jesús Solórzano, Jaime Leonardo Parada González y Francisco José Ricardo Cruz Moreno, la cesación inmediata de cualquier disposición administrativa interna que limita las funciones de la Oficial de Información particularmente el memorándum GG-110/2016 de fecha 13 julio 2016 y la circular GG-009/2016 de fecha 15 d julio de 2016 emitido por el Gerente General de esa institución,  en un plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

 

También manifiesta que estos hechos se suscitan después de que como  Oficial admitiera a través de una solicitud la entrega de las facturas de gastos de alimentación de la Gerencia y la Presidencia de CEPA, por ser gastos con fondos públicos, caso que ha sido público a través de los medios de comunicación

 

Que su desempeño como profesional le ha permitido formar parte del equipo técnico de la Unidad de Derechos Políticos PDDH en los procesos electorales del 2012, 2014, y 2015, aun cuando ya no laboraba en esa institución; sin embargo su capacidad, experiencia y objetividad en el trabajo fueron suficientes para que dos Procuradores de Derechos Humanos diferentes solicitaran a las instituciones en las que laboraba su apoyo Ad Honorem.

 

Que durante el año 2013 elaboro el módulo de formación sobre tratados de Integración Centroamericana y su vinculación con la Constitución y Leyes Nacionales de El Salvador dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer,  desde la Unidad de Genero de la Corte Suprema de Justicia, para la Corte Centroamericana de Justicia, la calidad del trabajo permitió que el formato que creo se aplicara para el resto de países de la región de SICA. 

 

Que ha sido docente universitaria en universidades privadas y la UES, a capacitado en materia de Derechos Humanos y Derechos Políticos en la PDDH, capacitación en género y diversidad sexual así como Derecho Internacional Público en la Corte Suprema de Justicia, actualmente capacita en materia de Derecho  de Acceso a la Información Publica en CEPA y en las instituciones nacionales e internacionales que la invitan con frecuencia como experta en el tema de transparencia e imparte la catedra de Filosofía y Genero en la Universidad de El Salvador.

 

En la OIR de CEPA le da clases a los estudiantes de diferentes niveles educativos que llegan a solicitar que se les explique cómo funciona la ley, además, uno de los trabajos de investigación que deben realizar tiene que ver con la factura de gastos alimenticios y alcohol otros son casos históricos.

 

Manifiesta que como alumna siempre ha representado a las universidades a nivel Nacional e Internacional, su última participación en 2017 fue en el XV Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, realizado en la Universidad de El Salvador, donde expusieron sus tesis sobre el pensamiento descolonial académicos de seis países de la región Centroamericana y Cuba por el Caribe.

 

Que en 2018 egreso como Maestra en Derechos Humanos y Educación para la Paz, de la Universidad de El Salvador y sus notas altas le permitieron optar por una beca para estudiar el doctorado en filosofía latinoamericana.

 

Asimismo continua diciendo que una de sus primeras asignaciones al llegar a CEPA fue elaborar y ejecutar el proyecto de Museo Ferroviario el cual recibe más de cien mil visitas al año en FENADESAL, la otra fue editar el libro de la Historia de los 60 años de CEPA que pueden encontrar en la página de transparencia de la institución.

 

Que la asignación más importante fue actualizar la OIR de CEPA, educar a los servidores públicos en materia de transparencia y ayudar a organizar los procesos de entrega de información oficiosa y publica.

 

Que la persona que ahora impugna su candidatura, como lo manifestó anteriormente, no solicito el expediente completo de la NUE 119-A – 2015 (MV), solo reviso la multa, si hubiera leído el expediente se habría dado cuenta que ella solicito en su defensa que se les declara a los Oficiales  de  Información personal técnico y no de confianza para que pudieran cumplir lo que les mandata la Ley; esta resolución genero un cambio en la cultura de transparencia no solo de CEPA, sino de otras instituciones donde muchos oficiales no podían ejercer la ley para cumplir con los principios de la transparencia ya que en algunas instituciones se les recordaba que eran personal de confianza, esa misma resolución le permitió a otras Oficiales que fueron despedidos ampararse y dio un tercer resultado: le permitió  entregar más información pública a la ciudadanía a través de solicitudes de información y el portal de transparencia y ocho meses después fue la base para pedir la primer medida cautelar  que dicto el Instituto de Acceso a la Información Publica, donde el Instituto le ordeno a la Junta Directiva de CEPA que garantizará el cumplimiento del derecho a la ciudadanía de solicitar información y que esta fuera entregada como la LAIP lo establece; ese mismo mes de agosto  me reconoció el Instituto como una de las 10 mejores OIR del país y Organizaciones Internacionales y que la premiaron por las buenas prácticas en pro de sus usuarios a fin de año.

 

Que su proyecto para el 2017 fue una OIR inclusiva para personas con discapacidad solicito una visita de CONAIPD  a su oficina en Metrocentro, se realizó un informe y un año más tarde se puede ver una rampa de discapacitados frente a la parada de buses de ese centro comercial, la OIR adecuada para recibir personas en silla de ruedas entre otras.

 

Que como parte de la DIRECCIÓN DE LA RED DE OFICIALES DE INFORMACIÓN DEL EJECUTIVO, han promovido importantes proyectos dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública que van en beneficio  del acceso a la información de la ciudadanía, el más reciente fue la presentación de Resultados del Taller de Consulta Realizado por Oficiales de Información al Modelo de Fiscalización de Entes Obligados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Que ha sido una de las Oficiales de Información más reconocida por sus logros en pro de la transparencia y que la multa que se le impuso por siete horas de retardo en la entrega de la información fue pagada inmediatamente; pero la multa no la hace tener un impedimento legal para ser candidata a comisionada, ya que la ley que los candidatos presenten una constancia del Instituto de Acceso a la Información Pública , sin embargo cuatro años de experiencia al frente de la OIR de CEPA  manejando la LAIP a diario los procesos del Instituto de Acceso a la Información Pública, de la Secretaria de Transparencia y de Cost Internacional, la vuelven la candidata con más experiencia para el cargo y que sus logros respaldan su trabajo y su formación académica, permanentemente les garantiza que va a mejorar cada proceso en la medida en que el derecho al acceso a la información pública avance por medio del empoderamiento de la ciudadanía y su objetividad y compromiso están más que probados. 

 

 

San Salvador, 08 de enero de 2019

 

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