Durante una conferencia de prensa, el Titular de esta Cartera de Estado, Rolando Castro, calificó como uno de los más grandes atropellos a los derechos laborales en la historia de El Salvador, el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del tesorero de la Alcaldía Municipal de San Salvador, a quien acusa del delito de apropiación o retención de cuotas laborales en perjuicio de los trabajadores de la comuna capitalina.
“Este requerimiento deberá ser enmarcado como uno de los más grandes atropellos laborales en la historia de El Salvador, y recordado como la violación más clara y contundente al estado de derecho del país”, indicó el funcionario, quien aseveró que el responsable de este delito es el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt.
Castro manifestó que según el artículo 47 del Código Municipal en su capítulo dos plantea que el alcalde es el representante legal y administrativamente en el municipio, es el Titular del gobierno y de la administración municipal, y es él quien debe responder por el delito de la apropiación o retención indebida, “El tesorero es un empleado, un empleado que recibe orden a quien pagar y a quien no, de cómo distribuir el ingreso financiero de la municipalidad”, dijo.
El ministro cuestionó el proceder de la Fiscalía ya que en procesos legales recientes realizado contra evasores de impuestos, el Ministerio Público pidió capturar a los representantes legales de las empresas, pero que en el caso de la alcaldía obvió al alcalde como representante legal y procedió contra un trabajador, que tiene un cargo de tercer nivel.
Rolando Castro recordó que hace siete meses presentó un aviso para que se investigara la acción delictiva del alcalde por apropiarse del dinero de los trabajadores que les era retenido para el pago de préstamos y de las cuotas de las AFP y del Seguro Social. Producto de esta denuncia y de la presión social la Fiscalía judicializó el caso, pero lo dirigió en contra del empleado de alcaldía.
Por tal motivo el funcionario manifestó que llegará hasta las últimas consecuencias de carácter legal, para que sea procesado el verdadero culpable, y pidió al sector judicial (tribunales o Corte Suprema de Justicia) que rectifiquen lo que calificó de una aberración jurídica y que corrijan el requerimiento presentado por el Ministerio público.
